AMITI expresa su profunda preocupación por la reciente aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del dictamen que propone la desaparición de siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
La eliminación de estos órganos autónomos, esenciales para la transparencia, la competencia económica, la regulación de telecomunicaciones, y otros sectores críticos, representa un grave retroceso en la construcción de un México democrático, transparente y competitivo. Estos organismos han desempeñado un papel fundamental en la promoción de la rendición de cuentas, la protección de datos personales, la supervisión de mercados, y la defensa de los derechos de los consumidores, entre otros aspectos que son clave para el desarrollo económico y social del país.
Dado que las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal son también sujetos obligados bajo las leyes en materia de acceso a la información y protección de datos personales, competencia económica y de telecomunicaciones, no es deseable que las funciones que actualmente desempeñan los órganos reguladores autónomos sean transferidas a la responsabilidad del mismo Ejecutivo Federal.
Desde AMITI, hacemos un llamado al Congreso de la Unión para que, en la discusión que se llevará a cabo en el Pleno, se reconsidere esta medida, priorizando el fortalecimiento institucional y el respeto a la autonomía de estos órganos, que son pilares en la defensa de derechos fundamentales y en la construcción de un entorno económico justo y equilibrado.
La desaparición de estos organismos no sólo compromete la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también pone en riesgo el funcionamiento de sectores estratégicos que requieren una regulación independiente. La competencia económica, la protección de datos personales, la supervisión de políticas sociales, y la regulación energética y educativa deben atender a razones estrictamente técnicas, y ser gestionadas con independencia y en beneficio del bienestar de todos los mexicanos.
En AMITI, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la institucionalidad y hacemos un llamado a las y los legisladores para que actúen en defensa del interés público, garantizando que las reformas que se implementen fortalezcan, y no debiliten, los pilares de nuestra democracia y economía.
